¿Me puede geolocalizar mi empresa durante mi jornada laboral?
24 de febrero de 2025
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La campaña de la Renta no consiste solo en trasladar datos al borrador. Muchas veces, la diferencia entre declarar bien o mal está en cómo se interpreta una renta, qué prueba tiene el contribuyente y qué criterio están siguiendo los tribunales. Precisamente por eso resulta interesante el repaso publicado por el Consejo General de Gestores Administrativos sobre varias sentencias recientes del Tribunal Supremo con impacto en IRPF. Ese análisis pone el foco en cuestiones muy prácticas: exenciones por trabajos en el extranjero, discapacidad, socios profesionales, reducción del 30 %, ganancias patrimoniales, amortización de inmuebles y seguros colectivos, entre otras.
Uno de los bloques más relevantes afecta a la exención del artículo 7.p) de la Ley del IRPF. La norma permite dejar exentos determinados rendimientos del trabajo por servicios efectivamente prestados en el extranjero, pero exige varios requisitos: que el trabajo se realice realmente fuera de España, que se preste para una entidad no residente o un establecimiento permanente en el extranjero, que en el país de destino exista un impuesto análogo y que no se trate de un paraíso fiscal. Además, la exención tiene un límite de 60.100 euros anuales y su cálculo debe hacerse atendiendo a los días efectivamente desplazados y, en su caso, a las retribuciones específicas ligadas al servicio en el extranjero.
El Poder Judicial ha difundido además resoluciones del Supremo favorables a la aplicación de esta exención en determinados supuestos de personal desplazado al extranjero, incluidos militares en misiones internacionales. La idea práctica es importante: la jurisprudencia está afinando el alcance de la exención, pero no elimina la necesidad de prueba. Si un contribuyente quiere aplicarla, debe poder justificar desplazamientos, funciones realizadas, destinatario del servicio y forma de cálculo del importe exento.
Otro punto muy sensible es el mínimo por discapacidad. La Ley del IRPF reconoce un mínimo específico para el contribuyente y para ascendientes o descendientes con discapacidad. Ese mínimo es de 3.000 euros, y sube a 9.000 euros cuando se acredita un grado igual o superior al 65 %. El Reglamento, por su parte, establece con carácter general que el grado de discapacidad debe acreditarse mediante certificado o resolución del IMSERSO o del órgano competente de la comunidad autónoma.
El interés de la jurisprudencia reciente está en que el debate no se agota siempre en la fecha formal del certificado. El repaso del Consejo General de Gestores destaca sentencias en las que el Supremo insiste en que el certificado tiene carácter declarativo y no constitutivo, lo que abre la puerta, en determinados casos, a defender efectos fiscales anteriores a la fecha del reconocimiento administrativo. Ahora bien, esto no debe entenderse como una regla automática: cada expediente requiere revisar muy bien la documentación médica, la resolución administrativa y el momento exacto en que nació la situación protegida.
Para muchos despachos, sociedades profesionales y pequeños negocios, este es uno de los temas más delicados. El artículo 27.1 de la Ley del IRPF dispone que los rendimientos obtenidos por un socio por actividades incluidas en la Sección Segunda del IAE tendrán la consideración de rendimientos de actividades económicas cuando el contribuyente esté incluido, a tal efecto, en el RETA o en una mutualidad alternativa. La consecuencia práctica es muy relevante: lo importante no es solo cómo se haya venido declarando esa retribución, sino si jurídicamente el socio debía encuadrarse como autónomo.
El repaso del Consejo General de Gestores subraya precisamente esa línea jurisprudencial: si existe obligación material de encuadramiento en RETA o mutualidad alternativa, la calificación puede ir hacia actividad económica, aunque en la práctica el alta no se hubiera cursado correctamente. En la campaña de Renta, esto obliga a revisar con cuidado los casos de socios que facturan o perciben retribuciones de su sociedad profesional.
La reducción del 30 % del artículo 18 de la Ley del IRPF sigue siendo una herramienta muy relevante para determinados rendimientos del trabajo con período de generación superior a dos años o calificados reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo, siempre que se imputen en un único período impositivo. El Reglamento concreta además qué rentas pueden considerarse irregulares y cómo funciona la reducción cuando el cobro es fraccionado.
Aquí conviene separar dos planos. Una cosa es la exención por despido o cese del artículo 7.e) de la Ley, cuyo disfrute exige una real y efectiva desvinculación del trabajador con la empresa y respecto de la cual el Reglamento presume que no existe desvinculación si vuelve a prestar servicios en los tres años siguientes. Otra cuestión distinta es la aplicación de la reducción del 30 % a determinados rendimientos irregulares. La jurisprudencia reciente, según el análisis del Consejo General de Gestores, insiste precisamente en no confundir ambos regímenes.
Quien haya tenido un inmueble alquilado y luego lo venda debe revisar bien el valor de adquisición. El artículo 35 de la Ley del IRPF establece que, al calcular la ganancia patrimonial, ese valor debe minorarse en el importe de las amortizaciones. La cuestión práctica está en determinar qué amortización debe tenerse en cuenta en cada caso.
El resumen del Consejo General de Gestores destaca una línea del Supremo relevante para muchos arrendadores: no siempre debe imponerse automáticamente la amortización máxima teórica del 3 % si la amortización deducida o mínima aplicable fue inferior. Esto puede afectar directamente al cálculo de la ganancia al vender el inmueble y, por tanto, a la cuota final de la Renta. Es un tema muy técnico, pero con impacto económico real.
Otro frente habitual en comprobaciones es el de las ganancias patrimoniales no justificadas. El artículo 39 de la Ley del IRPF considera como tales los bienes o derechos cuya tenencia, adquisición o declaración no se corresponde con la renta o patrimonio declarados, y los integra en la base general salvo que el contribuyente pruebe suficientemente su procedencia.
La doctrina reciente del Supremo, recogida en CENDOJ y también resumida por el Consejo General de Gestores, es especialmente exigente: para destruir esa calificación no basta con identificar el medio de pago o la persona que entregó el dinero; también hay que acreditar el negocio jurídico que explica la transmisión. Dicho de forma sencilla: en préstamos familiares, donaciones informales o ingresos en cuenta poco documentados, no basta con decir “me lo dio mi padre” o “era un préstamo”; hay que poder probarlo documentalmente.
La Ley del IRPF mantiene una disposición transitoria undécima para prestaciones derivadas de contratos de seguros colectivos que instrumentan compromisos por pensiones. Además, el Tribunal Supremo ha seguido pronunciándose sobre el tratamiento fiscal de estas prestaciones, especialmente en casos históricos como determinados seguros colectivos empresariales.
A esto se suma otra cuestión destacada por CENDOJ: determinadas remuneraciones percibidas por un socio avalista pueden calificarse como rendimientos del capital mobiliario del artículo 25.4 de la Ley del IRPF e integrarse en la base imponible general, no en la del ahorro. Es un detalle técnico, pero con impacto directo en la tributación.
Conclusión: este año, revisar el borrador es más importante que nunca
La enseñanza principal de estas sentencias es clara: en IRPF, muchas veces el problema no está en el dato, sino en la calificación jurídica y en la prueba. La campaña de Renta 2025 exige revisar con especial atención los casos de trabajo en el extranjero, discapacidad, socios profesionales, extinciones de relación laboral, venta de inmuebles arrendados, entradas de dinero sin soporte suficiente y prestaciones complejas de seguros o sistemas de previsión.
Si el borrador incluye una situación de este tipo, no conviene validarlo sin más. Una revisión previa puede evitar regularizaciones, sanciones o perder beneficios fiscales a los que sí se tiene derecho.
